“Un juicio justo significa que nadie es culpable hasta que en una sala de audiencia, un juez o un tribunal así lo determine: Flores Negrete”

  • Todos los operadores jurídicos son responsables de la eficiencia del nuevo sistema de justicia penal con el actuar profesional en sus competencias, afirma

Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2017. “El nuevo sistema de justicia penal oral se basa en el principio y derecho humano de presunción de inocencia y significa, parafraseando al inmortal Morelos, que todo aquel a quien se impute un delito, tendrá un juicio justo con todas las garantías”, señaló Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán, al presentar el informe de actividades 2016.

Durante su discurso, ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, así como del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local Pascual Sigala Páez, jueces y juezas, entre otras distinguidas personalidades, el magistrado presidente expresó que la judicatura michoacana ha desarrollado un conjunto de acciones bajo los principios de justicia, austeridad y transparencia.

Al hablar del sistema acusatorio adversarial oral, Flores Negrete señaló que “no pasa inadvertido el malestar que en algunos sectores de la sociedad ha causado las determinaciones de los jueces, lo cual es entendible, pues pareciera que somos generadores de impunidad; sin embargo, hay que recordar, la Constitución ordena que el proceso penal es acusatorio y oral”.

Asimismo, aclaró que si en un juicio se excluyen pruebas recabadas en forma ilícita, es porque la Constitución garantiza que sólo podrá vencerse la presunción de inocencia con pruebas obtenidas legalmente. “El ataque infundado de las decisiones de la judicatura, no sólo desanima, sino que en forma prematura erosiona la confianza de la ciudadanía en el nuevo sistema de justicia penal que con tanto esfuerzo y trabajo, se ha construido”, señaló.

Enfatizó que todos los operadores jurídicos son responsables de la eficacia y eficiencia de la nueva justicia penal y sólo bajo el concierto profesional de cada eslabón del proceso penal, se puede cumplir la encomienda constitucional y exigencia social de impartir justicia con todas las garantías, esclarecer los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y que los daños del delito se reparen.

Por otra parte, el magistrado presidente refirió que ante los retos que el país y Michoacán enfrentan, las instituciones públicas tienen el deber de redoblar y acrecentar esfuerzos, a fin de consolidar el entramado del estado social y democrático de derecho.

“La sociedad espera de sus autoridades, la respuesta ágil y oportuna a sus necesidades concretas; de igual forma, está atenta a que los recursos asignados a las instituciones públicas se manejen eficaz, eficiente, racionalmente y de manera transparente”, puntualizó.

Asimismo, comentó que en el año que se informa la judicatura michoacana también concretó la implementación de la oralidad en materia familiar, lo cual “representa un avance en la modernización de este ámbito, no obstante, las restricciones presupuestarias han impedido que se designe el número de jueces de instrucción oral que se requiere para la preparación de las audiencias de juicio oral, así como la construcción y equipamiento técnico adecuado de los espacios para el idóneo desarrollo de los procesos orales familiares”.

Aunado a lo anterior, señaló la necesidad de una auténtica autonomía del presupuesto asignado al Poder Judicial “impartir y administrar justicia, tareas confiadas a la judicatura, exigen la plena independencia de quienes tenemos como responsabilidad garantizar el acceso a la justicia de las y los michoacanos”.

En dicho contexto y a nombre del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente hizo un llamado a la sensibilidad de la 73 Legislatura local así como al titular del Poder Ejecutivo, para realizar las modificaciones necesarias a fin de que se estipule una cantidad porcentual fija y adecuada “para que la judicatura estatal pueda hacer frente no sólo al cúmulo de sus actuales competencias, sino, además, poder implementar, en forma oportuna y eficaz, la serie de cambios normativos que se han realizado a nuestro ordenamiento jurídico nacional y que deberán incorporarse al marco jurídico estatal”.

Finalmente, Marco Antonio Flores Negrete explicó que la sociedad michoacana merece una impartición y administración de justicia que, además de resolver controversias y prevenir mayores conflictos, se constituya en referente indispensable en la vida pública y en la organización social.